Charles Hoskinson, fundador de Cardano, aprovechó un discurso en un evento de FinTech vinculado a la ONU para advertir que el euro digital podría usarse para discriminar determinados activos y transacciones, y pidió límites legales vinculantes sobre cómo pueden desplegarse este tipo de monedas digitales controladas por el Estado.
"Por qué no confío en vosotros, los europeos, con el euro digital: todos sabemos lo que vais a hacer con él, discriminar activos y transacciones", dijo Hoskinson, dirigiendo su crítica a los responsables políticos europeos detrás del proyecto.
Ilustró su preocupación con un escenario de pagos cotidianos. "Tendrás euros digitales en tu cuenta bancaria y querrás comprar gasolina en la gasolinera. Y aunque tengas 2000 euros en tu cuenta, tu tarjeta será rechazada porque ya has comprado 50 litros de gasolina este mes", explicó, describiendo el tipo de restricción que, según él, podría imponer una moneda digital controlada de forma centralizada.
Hoskinson se refirió posteriormente a su intervención en redes sociales, publicando "Este es mi discurso en la ONU" el 2 de octubre de 2026.
Una crítica más amplia a los modelos regulatorios
Más allá del euro digital, Hoskinson expuso un argumento más general sobre cómo abordan los reguladores las tecnologías emergentes. Afirmó que los modelos regulatorios actuales para campos como la IA, la biología sintética, la nanotecnología y blockchain resultan insuficientes porque estas tecnologías se desarrollan de forma exponencial y se refuerzan cada vez más entre sí, mientras que las leyes y las instituciones no se diseñaron para ese ritmo ni para una descentralización creciente.
Sostuvo que las autoridades han intentado tratar a los proyectos blockchain como empresas financieras convencionales, un enfoque que, según él, no funciona porque los sistemas descentralizados pueden seguir operando incluso si sus fundadores fracasan o las empresas detrás de ellos desaparecen.
Al mismo tiempo, Hoskinson rechazó la idea de una desregulación total del sector cripto. En su lugar, propuso que las autoridades definan objetivos claros, como la protección del consumidor, la prevención del fraude, los derechos de propiedad o la privacidad, mientras la industria desarrolla software abierto para implementar técnicamente esos requisitos, con soluciones certificadas que luego se integrarían directamente en las aplicaciones.
Hoskinson también sugirió que blockchain no debería verse únicamente como algo que hay que regular, sino como una posible infraestructura para la propia regulación, argumentando que esto podría abaratar el cumplimiento normativo y facilitar su escalado a través de fronteras.
