La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) ha retirado una propuesta largamente inactiva que habría sometido a los monederos de criptomonedas en autocustodia a estrictos requisitos de notificación y verificación de identidad, cerrando así un debate regulatorio que comenzó durante la primera administración de Trump.

La retirada se publicará en el Registro Federal el 6 de octubre. La norma original se redactó el 23 de diciembre de 2020, en las últimas semanas del primer mandato de Donald Trump, pero nunca llegó a entrar en vigor tras suscitar una fuerte oposición del sector y de los defensores de la privacidad en su momento.

Según la propuesta original, la norma habría exigido a bancos y proveedores de pagos notificar a la FinCEN las transacciones superiores a 10.000 dólares estadounidenses que implicaran monederos en autocustodia, además de verificar la identidad del cliente implicado. Las transacciones superiores a 3.000 dólares estadounidenses habrían generado obligaciones de registro, incluida la recopilación de información sobre la contraparte. El alcance de la norma iba aún más lejos: también se habría aplicado a monederos mantenidos en entidades financieras extranjeras que la FinCEN hubiera incluido en una lista de entidades no sujetas a la legislación antiblanqueo de capitales estadounidense.

El aviso de retirada de la FinCEN cita un informe del Grupo de Trabajo Presidencial sobre los Mercados de Activos Digitales como base para abandonar la propuesta. El anuncio está firmado por Jimmy L. Kirby, subdirector de la FinCEN.

Por qué importa para Europa

La decisión tiene repercusiones que van más allá de las fronteras estadounidenses. Los monederos en autocustodia, que permiten a sus titulares gestionar criptoactivos sin pasar por un intermediario autorizado, han sido un foco recurrente de tensión en los debates regulatorios europeos, donde las autoridades sopesan las ambiciones antiblanqueo frente a la protección de la privacidad. La retirada de la FinCEN de los controles de identidad obligatorios para las transferencias en autocustodia ofrece un precedente concreto que los responsables europeos que trabajan en normas relacionadas, incluidos los requisitos de transferencia de fondos del marco antiblanqueo de la Unión, probablemente examinarán.

Para los usuarios y empresas europeas del sector cripto, el episodio es un recordatorio de que el tratamiento regulatorio de la autocustodia sigue sin resolverse en ambos lados del Atlántico. Mientras Washington se ha retirado formalmente de una norma que redactó hace casi cinco años, Bruselas continúa evaluando hasta qué punto deben extenderse obligaciones de notificación similares a los monederos que quedan fuera de la custodia de entidades reguladas.

La FinCEN no ha anunciado ninguna otra iniciativa normativa sobre este asunto.