Las autoridades financieras francesas han presentado una ambiciosa lista de peticiones para la revisión que la Comisión Europea realiza del reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), reclamando normas más estrictas para los influencers, herramientas automatizadas para detectar plataformas no autorizadas, controles más duros sobre las stablecoins y un papel de supervisión mucho mayor para ESMA.

La respuesta conjunta, presentada por la Direction générale du Trésor, la Autorité des marchés financiers (AMF), el Banco de Francia y la Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), tiene 73 páginas en inglés. Se publicó junto a una nota de prensa fechada el 8 de octubre y se envió formalmente a la consulta de la Comisión el 21 de octubre.

El documento plantea el problema no tanto como una laguna en el reglamento de MiCA, sino como un fallo en su aplicación. «Las preocupaciones más graves se refieren a la aplicación de las normas, no a la redacción de las obligaciones», escriben las autoridades. «Las ofertas de terceros países dirigidas a inversores de la UE, a menudo difundidas por influencers, eluden el régimen del libro blanco y la responsabilidad prevista en el artículo 15. La respuesta está en herramientas de detección, como la recopilación automatizada de datos en línea, y en la regulación de los influencers, no en una relajación de las obligaciones». Añaden que la notificación nacional de las ofertas europeas «produce calificaciones y controles diferentes» y «abre la puerta al arbitraje regulatorio entre Estados miembros, lo que justifica la centralización a nivel de ESMA».

En cuanto a los influencers, las autoridades francesas quieren una prohibición a escala de la UE de promocionar a actores cripto no registrados o no autorizados, extendiendo al conjunto del bloque principios ya consagrados en la legislación francesa desde el 9 de junio de 2023.

Las stablecoins, en el punto de mira

El documento apunta directamente a las stablecoins no conformes, proponiendo que a los proveedores con licencia MiCA se les prohíba ofrecer tokens que no cumplan los estándares del reglamento, una medida que afectaría a USDT de Tether, todavía ampliamente negociada en plataformas que operan en la UE. Junto a esto, las autoridades quieren que Bruselas fomente las stablecoins denominadas en euros y los depósitos bancarios tokenizados como alternativas, y que estudie eliminar por completo la categoría de token referenciado a activos (ART), integrando las stablecoins multidivisa en la clasificación de token de dinero electrónico. También piden normas más estrictas para los tokens emitidos tanto dentro como fuera de la UE, con garantías más firmes sobre las reservas y los derechos de reembolso.

Un papel mayor para ESMA

La respuesta reclama que ESMA asuma la responsabilidad de supervisión directa de los proveedores «significativos» y los conglomerados cripto, y que se convierta en la ventanilla única para el registro de ofertas de tokens en todo el bloque, sustituyendo el actual mosaico de regímenes nacionales. Actualmente, el umbral de supervisión directa de ESMA solo se activa para proveedores con más de 15 millones de usuarios activos diarios.

Sobre las finanzas descentralizadas, las autoridades piden normas de responsabilidad más claras y obligaciones de diligencia debida para los intermediarios, advirtiendo de que las responsabilidades deben estar «claramente atribuidas» y los protocolos sujetos a «certificación». También quieren que Bruselas clarifique el estatus regulatorio de las actividades de staking, préstamo y empréstito, áreas que MiCA deja en gran medida sin regular.

La AMF se ha comprometido por separado a incluir en listas negras y perseguir judicialmente a los exchanges no autorizados que sigan dirigiéndose a usuarios franceses, tras el fin del periodo transitorio de registro PSAN el 30 de junio. Las autoridades afirman que esto forma parte de un esfuerzo más amplio para «coordinar la lucha contra los proveedores no autorizados».

Cualquier cambio resultante en MiCA requeriría aún la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE. Se espera que la Comisión presente su informe sobre la revisión del reglamento en 2027, un calendario que sitúa el proceso cerca de las propias elecciones presidenciales francesas de abril de ese año.