La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) ha informado de que las estafas con criptoactivos dirigidas a residentes estadounidenses, por un total de 13.000 millones de dólares, fueron orquestadas en su mayoría por organizaciones criminales transnacionales con base en complejos repartidos por el sudeste asiático.

Según FinCEN, estas redes operan como empresas criminales organizadas y no como bandas de fraude aisladas, dirigiendo operaciones de estafa desde bases físicas fijas en la región. El organismo describió a los responsables simplemente como "organizaciones criminales transnacionales", una expresión que subraya la naturaleza estructurada y transfronteriza de las operaciones, en lugar de la de actores individuales oportunistas.

La magnitud de la cifra, 13.000 millones de dólares en pérdidas vinculadas a un único esfuerzo de investigación, sitúa el fraude con criptoactivos entre las categorías más importantes de delito financiero señaladas por las autoridades estadounidenses en los últimos años. El informe de FinCEN enmarca las pérdidas como el resultado de una infraestructura criminal coordinada que opera en gran medida fuera de la jurisdicción estadounidense, lo que complica las labores de aplicación de la ley y de recuperación de activos.

Por qué esto importa para Europa

Aunque el informe de FinCEN es un documento estadounidense centrado en estafas contra residentes en EE.UU., el patrón que describe, redes criminales con base en el sudeste asiático que dirigen operaciones de fraude con criptomonedas a gran escala, no se limita a las fronteras nacionales. Las autoridades europeas se han enfrentado por separado a estafas románticas, fraudes de inversión y los llamados esquemas de "pig butchering", que se apoyan en la misma infraestructura transfronteriza y, con frecuencia, en las mismas redes criminales identificadas por FinCEN.

El informe llega mientras los Estados miembros de la Unión Europea siguen implementando el reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) y alinean la supervisión antiblanqueo bajo el nuevo marco AML del bloque. Un hallazgo de esta magnitud procedente de una unidad de inteligencia financiera de peso probablemente alimente el debate entre los reguladores europeos sobre la idoneidad de las herramientas AML actuales para rastrear fondos que circulan por vías cripto originadas en focos de crimen organizado ajenos tanto a la UE como a Estados Unidos.

La divulgación de FinCEN no detalla medidas de cumplimiento concretas adoptadas contra exchanges o intermediarios, ni identifica plataformas concretas utilizadas para mover los fondos. El informe se centra en atribuir la magnitud y el origen del fraude, no en prescribir medidas correctoras.

Para los equipos de cumplimiento y las unidades de inteligencia financiera europeas, el informe aporta otro dato que respalda un mayor escrutinio de los flujos de transacciones vinculados a jurisdicciones del sudeste asiático donde se sabe que operan estos complejos. También refuerza un patrón más amplio observado en los últimos años: el fraude habilitado por criptomonedas se parece cada vez más a una empresa criminal de escala industrial que a una estafa dispersa y de bajo nivel, una distinción con implicaciones sobre cómo los supervisores calibran los modelos de riesgo y los umbrales de notificación tanto en el marco estadounidense como en el europeo.