El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que someterá a bitcoin y a las casas de cambio de criptomonedas al mismo sistema estatal de vigilancia financiera que ya se aplica a los bancos, una medida que amplía el alcance de las autoridades fiscales y de seguridad sobre el sector cripto. El anteproyecto fue aprobado el 28 de julio y está ahora abierto a consulta pública hasta el 30 de septiembre de 2026, antes de que el Gobierno evalúe las respuestas y envíe la propuesta al Congreso y al Senado.

El mecanismo central de la reforma es el Fichero de Titularidades Financieras, una base de datos centralizada que lleva más de una década registrando a los titulares de cuentas bancarias en España bajo la supervisión del SEPBLAC, el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. El anteproyecto extendería esta obligación a las casas de cambio de criptomonedas, que deberán declarar la apertura y el cierre de las cuentas de sus usuarios.

Quién tendrá acceso, y a qué

Según el marco propuesto, el registro estaría gestionado por un nuevo organismo, la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI). Tendrían acceso directo la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, jueces, fiscales y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estos organismos podrán confirmar la existencia de una cuenta cripto sin tener que cursar solicitudes individuales a cada exchange, un cambio respecto al procedimiento actual.

Los datos que las casas de cambio deberán reportar incluyen la identidad del titular y de los cotitulares, la entidad custodia implicada, la categoría del activo en cuestión y las fechas de las operaciones. La propuesta excluye explícitamente el acceso a los saldos disponibles y a los movimientos detallados de las cuentas, lo que limita lo que las autoridades pueden ver a través del propio registro.

Alineación con los estándares globales contra el blanqueo de capitales

El Gobierno ha presentado la reforma como un esfuerzo por alinear la legislación española con los estándares fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional que establece los criterios globales de referencia para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La obligación de reportar datos de cuentas no se limitaría a las casas de cambio de criptomonedas: también se extendería a gestoras de fondos, sociedades de inversión, entidades de capital riesgo y agencias de valores que operan en el sector financiero español en general.

La medida tiene aún un largo camino por recorrer. Tras el cierre del periodo de consulta pública, el Gobierno deberá revisar los informes presentados antes de que el proyecto de ley pueda presentarse formalmente ante el Congreso y el Senado, donde enfrentará nuevos debates y posibles enmiendas.