La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) ha retirado dos propuestas normativas que habrían impuesto nuevas obligaciones de notificación significativas sobre las transacciones cripto, una decisión que agudiza el contraste con el enfoque de la Unión Europea justo cuando el propio régimen de notificación de Bruselas entra en vigor.

FinCEN confirmó que abandona dos marcos regulatorios previstos para el sector cripto: una propuesta de 2023 dirigida a las transacciones que involucran mixers de criptomonedas, y una norma sobre monederos autocustodiados planteada por primera vez en diciembre de 2020. Ninguna de las dos propuestas llegó a finalizarse, lo que significa que las obligaciones vigentes para bancos y otras entidades financieras no cambian. FinCEN señaló que seguir adelante con estas normas "podría desincentivar actividades legítimas", y citó como parte de la justificación un informe de julio de 2025 del Grupo de Trabajo Presidencial sobre los Mercados de Activos Digitales.

La norma sobre mixers de 2023 habría obligado a bancos y otras entidades sujetas a notificar datos detallados de las transacciones cuando intervinieran servicios de mezcla de criptomonedas, incluidas direcciones de wallet, hashes de transacción y direcciones IP. La propuesta definía la actividad de mezcla de forma amplia, abarcando la agrupación de fondos, la división de transacciones o el uso de wallets de un solo uso diseñadas para ocultar el rastro de una transacción.

La propuesta sobre monederos autocustodiados, más antigua y de mayor alcance, habría obligado a bancos y proveedores de servicios financieros a verificar la identidad de los clientes que realizaran operaciones con wallets no custodiadas por encima de los 3.000 dólares, con una obligación de notificación separada a FinCEN a partir de los 10.000 dólares, o para transacciones múltiples que sumaran más de 10.000 dólares en una ventana de 24 horas. FinCEN afirmó claramente que no continuará con esa propuesta.

Una vía distinta en Bruselas

La retirada estadounidense llega en un momento en que la Unión Europea ha avanzado en dirección contraria. DAC8, la directiva del bloque que extiende las obligaciones de notificación fiscal a las criptomonedas, se aplica desde el 1 de enero de 2026. Exige a los proveedores de servicios cripto, como exchanges y proveedores de wallets de custodia, notificar datos de identidad de los clientes y detalles de las transacciones, incluidas compras, ventas, swaps, depósitos, retiradas y saldos anuales, a las autoridades fiscales nacionales.

Los monederos autocustodiados, sin embargo, quedan fuera del alcance directo de la notificación de DAC8, salvo que se utilice una plataforma regulada para mover fondos hacia ellos o desde ellos. Una idea anterior debatida durante la redacción de las normas antiblanqueo de la UE, un límite de 1.000 euros para las transacciones con monederos autocustodiados, no se incorporó a la legislación final.

El primer intercambio automático de datos de DAC8 entre los Estados miembros de la UE está previsto para septiembre de 2027, y cubrirá el ejercicio de notificación de 2026. Ese calendario implica que los exchanges y proveedores de custodia europeos ya están recopilando los datos que alimentarán esa primera transmisión, justo cuando sus homólogos estadounidenses se han visto liberados de los regímenes de notificación sobre mixers y monederos que FinCEN ha dejado ahora de lado.

Para los usuarios europeos de plataformas cripto, el efecto práctico es limitado a corto plazo: las obligaciones de DAC8 recaen sobre los proveedores de servicios regulados y no sobre los particulares que mantienen activos en autocustodia. Pero las trayectorias divergentes, Washington reduciendo sus ambiciones de notificación y Bruselas implementando un amplio marco centrado en lo fiscal, subrayan hasta qué punto se han distanciado ambas jurisdicciones en materia de supervisión cripto.