El Bundestag ha aprobado una ley que introduce el intercambio internacional de información sobre operaciones con criptomonedas, trasladando a la legislación alemana el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE. La medida ofrece a las autoridades fiscales un canal estructurado y automático para obtener datos transfronterizos sobre transacciones con criptoactivos, sustituyendo un sistema que hasta ahora dependía principalmente de solicitudes de información y de declaraciones voluntarias de los contribuyentes.
La legislación responde a un acuerdo internacional que Alemania firmó junto a otros 26 estados en noviembre de 2024 para combatir la evasión fiscal transfronteriza. El CARF, desarrollado por la OCDE, establece un estándar común de reporte que obliga a los proveedores de servicios de criptomonedas a recopilar y transmitir información relevante a efectos fiscales sobre sus clientes.
Qué datos se reportarán
Según el marco, los proveedores deberán recabar nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de identificación fiscal y país de residencia de los clientes que utilicen sus plataformas. Además de estos datos identificativos, las autoridades también recibirán información sobre qué criptomonedas se negociaron, el valor total de las operaciones y el número de transacciones declarables realizadas por cada cliente.
Esto supone un cambio significativo respecto al enfoque anterior, bajo el cual las autoridades fiscales alemanas tenían una visibilidad limitada de la actividad realizada en exchanges extranjeras y dependían de que los propios contribuyentes declarasen esas tenencias o de solicitudes formales a otras jurisdicciones.
Plazos y alcance
El intercambio automático de estos datos entre los estados participantes está previsto que comience en septiembre de 2027, lo que da a los proveedores de servicios de criptomonedas y a las administraciones tributarias varios años de margen para construir la infraestructura de reporte necesaria.
Alemania ha subrayado que esta decisión no modifica las normas fiscales vigentes para las criptomonedas. La ley cambia cómo llega la información a las autoridades fiscales, no qué es gravable ni a qué tipo. Para los tenedores de criptoactivos, el efecto práctico tiene menos que ver con nuevas obligaciones formales y más con una capacidad notablemente reducida de mantener fuera del radar de las agencias tributarias nacionales su actividad de negociación en el extranjero.
Con 27 estados ya comprometidos con el acuerdo subyacente, la ley alemana sitúa al país dentro de un impulso europeo e internacional más amplio para cerrar las brechas que el comercio de criptomonedas había abierto en los regímenes tradicionales de reporte fiscal, construidos en torno a bancos e intermediarios financieros convencionales y no a exchanges de criptomonedas ni proveedores de wallets.
