Las asociaciones del sector cripto en Alemania han lanzado una crítica contundente al plan del ministerio de Finanzas para reformar la fiscalidad de Bitcoin, advirtiendo de que el borrador amenaza con desmontar silenciosamente la protección de la que hoy gozan los tenedores a largo plazo. Las objeciones de Bitkom, el Bitcoin Bundesverband, el Blockchain Bundesverband y la asociación bancaria alemana llegan justo antes de que el borrador pase al gabinete.

En el centro de la disputa está el plan del Bundesministerium der Finanzen (BMF), el ministerio de Finanzas alemán, de eliminar el periodo de tenencia de un año para el Bitcoin adquirido recientemente e introducir una retención automática del impuesto sobre plusvalías, con una fecha de inicio que el propio borrador deja en el aire: algunas disposiciones apuntan a 2027, otras a 2028. El Bitcoin Bundesverband insiste en que no busca un trato especial, y afirma: «La asociación no exige ni una zona especial libre de impuestos ni una limitación del interés del Estado en una tributación uniforme». En su lugar, sostiene que «las normas deben ser jurídicamente claras, técnicamente viables, proporcionadas en su administración y predecibles tanto para las empresas como para los usuarios», y pide expresamente «que se mantenga el periodo de tenencia de un año para el Bitcoin en posesión directa dentro del patrimonio privado».

Una fecha de corte discutida

Un punto especialmente conflictivo es la norma propuesta por el BMF para los casos en los que faltan datos de compra: se presumiría que esas tenencias se adquirieron después del 31 de diciembre de 2026, con lo que perderían la protección por antigüedad. El Bitcoin Bundesverband considera esto problemático dado que «la autocustodia es un rasgo estructural de Bitcoin», lo que significa que las autoridades fiscales a menudo carecerán «del precio de compra original, de ventas parciales previas, de donaciones, herencias o de todo el historial de pérdidas». La falta de datos, argumenta la asociación, «no debe reinterpretarse como una adquisición posterior a la fecha de corte únicamente por falta de información sobre el precio de compra».

Bitkom ha centrado sus críticas en el tamaño de la base imponible sustitutiva que se aplicaría cuando no pueda determinarse el precio de compra, actualmente fijada en el 50 por ciento de los ingresos por la venta, algo que la asociación califica de «deducción fiscal notablemente excesiva». Propone reducir esa base al 30 por ciento y, por separado, defiende que «no» se aplique «una exención fiscal general», sino «una diferenciación comprensible entre las realizaciones a corto plazo y la tenencia a largo plazo». En cuanto al calendario, la posición de Bitkom es que el actual despliegue en dos fases «no resulta convincente», y propone en su lugar «aplicar de manera uniforme la nueva normativa sustantiva y la retención del impuesto sobre plusvalías a partir del 1 de enero de 2028, manteniendo la fecha de corte del 31 de diciembre de 2026 para la protección por antigüedad».

El Blockchain Bundesverband ha pedido prudencia en el proceso, señalando que «el BMF debería atenerse a la legislación vigente y evaluar primero los datos de DAC8». Frank Schäffler resumió sin rodeos la preocupación de fondo del sector: «Para los tenedores a largo plazo, esto significa que la protección por antigüedad desaparece por la puerta trasera». El BMF, por su parte, evitó entrar en detalles y se limitó a decir: «Debido a la coordinación interna en curso dentro del Gobierno, actualmente no podemos pronunciarnos sobre detalles concretos».

Presión política y técnica en aumento

La opinión pública añade presión. Una petición que reclama mantener el actual periodo de tenencia reunió 44.439 firmas, muy por encima del umbral de 30.000, que alcanzó aproximadamente un día después de abrirse la posibilidad de cofirmarla públicamente. La Comisión de Peticiones del Bundestag tiene previsto debatirla el 12 de octubre, dos días antes de que el Bundeskabinett, el gabinete federal alemán, tuviera previsto abordar la propia reforma.

Las exchanges también advierten de la carga operativa que supondría el cambio. Ulli Spankowski señaló que «para las plataformas de negociación, la nueva normativa prevista implica un ajuste de los procesos técnicos y operativos existentes», en particular «en lo relativo a los datos fiscalmente relevantes, la compensación de pérdidas, la notificación y las transferencias externas», y añadió que esto «podría plantear dificultades». El periodo de consulta a las partes interesadas se cerró el 6 de octubre, y las propias proyecciones del BMF apuntan a unos ingresos fiscales adicionales a largo plazo de 350 millones de euros anuales una vez que la reforma entre en vigor.