Un grupo de hackers ha publicado en la darknet un gran volumen de datos supuestamente robados de la red del gobierno del estado de Berlín, después de que la ciudad-estado se negara a atender una demanda de rescate de 30 Bitcoin, unos 2 millones de euros a precios actuales.

El Senado de Berlín confirmó que no se realizó ningún pago a los atacantes. "Es wurden keine Zahlungen geleistet" ("No se realizaron pagos"), declaró a BTC-ECHO Christine Richter, portavoz del Senado. El plazo fijado por el grupo de hackers venció el viernes por la tarde, tras lo cual el grupo asegura haber difundido el material.

La cadena rbb fue la primera en informar sobre el ultimátum y la posterior publicación de los datos. Según los hackers, la filtración consta de alrededor de 1,4 millones de archivos repartidos en varios paquetes. El material incluiría referencias laborales, licitaciones, evaluaciones de empleados y expedientes de personal.

El ataque se remonta a mediados de agosto

El ciberataque que originó el caso contra la red del estado de Berlín se produjo, según se informa, a mediados de agosto. Las autoridades de seguridad y los expertos forenses informáticos están ahora analizando los archivos filtrados como parte de una investigación en curso para determinar qué se sustrajo y cómo se produjo la brecha.

El caso se suma a una tendencia observada en toda Europa en los últimos años, en la que los grupos de ransomware exigen cada vez más el pago en Bitcoin en lugar de moneda fiduciaria, calculando que el carácter pseudónimo de las transacciones en blockchain dificulta que las autoridades rastreen los pagos hasta individuos concretos. Sin embargo, las administraciones públicas se han vuelto más consistentes a la hora de rechazar públicamente este tipo de demandas, en parte porque el pago no garantiza que los datos no se filtren igualmente, y en parte para evitar sentar un precedente que pueda propiciar nuevos ataques.

Para Berlín, la preocupación inmediata pasa ahora del propio rescate a la contención: identificar exactamente qué información salió de la red, notificar a los empleados y contratistas afectados cuyos expedientes de personal puedan estar entre el material filtrado, y evaluar si es posible una mayor exposición. No se ha dado ningún plazo sobre cuándo concluirá la investigación de los archivos filtrados.

El episodio pone de relieve la exposición de los sistemas informáticos del sector público ante operadores de ransomware que siguen fijando sus demandas en criptomonedas, una tendencia que no muestra signos de revertirse a medida que más organismos gubernamentales de Europa adoptan una política de no pago.