La Independent Community Bankers of America (ICBA) presentó una demanda contra la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) el 2 de octubre de 2026, ante el tribunal del Distrito de Columbia, alegando que el enfoque del regulador para conceder licencias a empresas cripto como bancos fiduciarios nacionales ha abierto lo que denomina una cuarta categoría de banca sin regulación en Estados Unidos.
El asunto se remonta a una carta interpretativa de la OCC de enero de 2021 que amplió las facultades disponibles para los bancos fiduciarios nacionales, consolidada posteriormente en una norma definitiva en marzo de 2026 y detallada en el Boletín 2026-4. Desde el inicio de la administración Trump el 20 de enero de 2025, la OCC ha autorizado 21 bancos fiduciarios nacionales o neobancos, de los cuales 13 corresponden a empresas cripto, según cifras del propio regulador.
La demanda de la ICBA señala a Protego Holdings como caso de referencia. La firma, que despidió a la mayor parte de su plantilla en 2023, recibió la aprobación condicional de la OCC en febrero de 2026 para operar como National Digital Trust Company. Esa autorización le permite operar simultáneamente en cuatro líneas de negocio: custodia, trading, préstamo y emisión de tokens. La ICBA pide al tribunal que declare ilegal el marco regulatorio y que anule la aprobación condicional de Protego.
El núcleo de la demanda es que las firmas fiduciarias cripto autorizadas bajo este marco no están obligadas a contar con seguro de la FDIC ni están sujetas a la Community Reinvestment Act, obligaciones que sí se aplican a los bancos comunitarios tradicionales. "Esta enorme expansión de poder abre una brecha enorme en la regulación financiera", afirmó la ICBA en su escrito.
La patronal también señala un perjuicio competitivo concreto. "Ambas instituciones ya han perdido cientos de miles de dólares en negocio este año frente a empresas cripto aprobadas condicionalmente por la OCC", indica el documento de la demanda, en referencia a dos bancos comunitarios citados como evidencia. Esos mismos bancos, cada uno con activos inferiores a 2.500 millones de dólares, gastan aproximadamente 1,5 millones de dólares al año cada uno en cumplimiento normativo, una carga que, según la ICBA, los titulares de licencias fiduciarias cripto evitan.
Una porción cada vez más pequeña de los depósitos
La ICBA enmarca el litigio en un declive más amplio de la posición de la banca comunitaria en el mercado. Según el Federal Reserve Bank de Kansas City, con datos a diciembre de 2025, la cuota de depósitos de los bancos comunitarios cayó de casi un tercio en el año 2000 a menos del 14% a finales del año pasado.
Rebeca Romero Rainey, presidenta ejecutiva de la ICBA, planteó la objeción del grupo en términos de equidad más que de oposición al sector cripto en sí: "Cualquier empresa no fiduciaria que busque los beneficios de una licencia bancaria federal debería estar sujeta a los mismos requisitos que la banca comunitaria". El Bank Policy Institute también ha expresado su respaldo a la posición de la ICBA.
La OCC, por su parte, ha defendido su norma como una aclaración y no como una ampliación de competencias. En el Boletín 2026-4 declaró: "La norma definitiva no amplía ni restringe la autoridad de la OCC para conceder licencias en virtud de la National Bank Act. Lo que hace es codificar la interpretación histórica de la agencia sobre las actividades permitidas a los bancos fiduciarios nacionales".
Las voces académicas y de política pública están divididas sobre cómo interpretar esa codificación. Lee Reiners, especialista en derecho bancario de la Universidad de Duke, sostuvo que la norma "permite a la OCC conceder licencias a bancos fiduciarios sin seguro de depósitos que operan sustancialmente en actividades cripto, eludiendo el marco regulatorio que rige la banca tradicional". Brian Knight, investigador y experto en fintech del Mercatus Center, adoptó una visión más limitada: "Un banco fiduciario nacional nunca ha tomado depósitos ni ha concedido préstamos tradicionales. La norma no cambia esa realidad; lo que hace es permitir la custodia de activos digitales bajo el mismo estándar federal que se aplica a cualquier otra función fiduciaria".
La OCC tiene hasta el 13 de noviembre de 2026 para responder a la demanda. El litigio llega en un momento en que los reguladores y las asociaciones bancarias europeas siguen debatiendo cómo deben tratarse las empresas fintech y cripto frente a las entidades de crédito autorizadas bajo marcos como MiCA, una cuestión que el caso estadounidense sitúa ahora en un terreno judicial muy concreto.
