La nueva regulación de las criptomonedas en Brasil promete traer cambios importantes para quienes compran, venden o custodian Bitcoin y otros activos digitales en exchanges. A partir de ahora, las empresas que antes operaban sin autorización específica del banco central de Brasil, el Banco Central do Brasil (BC), tendrán que seguir reglas de seguridad, transparencia, gobernanza y protección de los recursos de los inversores, acercando su actividad a las exigencias aplicadas al mercado financiero tradicional.

Uno de los principales cambios es la obligación de mantener separados los recursos de los clientes y el patrimonio propio de las exchanges, para reducir el riesgo de uso indebido del dinero de los inversores. Las empresas también tendrán que adoptar mecanismos de protección contra ataques informáticos, ofrecer información más clara a los usuarios y someterse a la supervisión del BC.

Las nuevas reglas fueron establecidas principalmente por las Resoluciones BCB n.º 519, 520 y 521, publicadas en noviembre de 2025 y vigentes desde el 2 de febrero de 2026. Las normas crearon una estructura de autorización y supervisión para las Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV), categoría que incluye a empresas de intermediación, negociación y custodia de criptomonedas.

El próximo hito llega el 30 de octubre de 2026, plazo para que las empresas que ya estaban en actividad cuando entró en vigor la regulación formalicen sus solicitudes de autorización, de modo que puedan seguir operando durante el proceso de revisión del Banco Central.

Para Vanessa Butalla, directora de Jurídico, Compliance y Riesgos de Mercado Bitcoin (MB), las nuevas exigencias representan un cambio importante en la relación entre las exchanges y sus clientes.

«La nueva regulación representa un avance importante para la protección de los inversores, al establecer reglas más claras para las empresas que operan en el mercado de criptoactivos. En la práctica, esto significa que las exchanges tendrán que seguir estándares mínimos de seguridad, transparencia, gobernanza y gestión de riesgos, y contar con estructura y atención al cliente en Brasil», afirma.

El cambio, sin embargo, no significa que invertir en criptomonedas vaya a estar libre de riesgos. Bitcoin seguirá sujeto a oscilaciones de precio, y la autorización del Banco Central no representa una garantía de que una exchange determinada no vaya a enfrentar nunca problemas financieros u operativos.

A continuación, repasamos cuáles son las principales protecciones previstas en la regulación y qué cambia en la práctica para los inversores.

El dinero y las criptomonedas de los clientes deberán quedar separados de los recursos de las exchanges

Una de las medidas más importantes de la nueva regulación es la llamada segregación patrimonial, que establece una separación entre los recursos pertenecientes a la exchange y los que pertenecen a sus clientes.

La Resolución BCB n.º 520 determina que los recursos financieros de los usuarios se mantengan en cuentas individualizadas, ofrecidas por la propia prestadora, cuando esté autorizada a hacerlo, o por otra entidad regulada por el Banco Central.

En la práctica, la medida busca impedir que el dinero depositado por los inversores se confunda con los recursos que la exchange utiliza para pagar gastos, financiar sus actividades o realizar inversiones propias.

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La separación también se aplica a las criptomonedas. Las empresas deberán mantener los activos digitales de sus clientes en monederos distintos de los que utilizan para sus propias operaciones, con registros que permitan identificar los saldos pertenecientes a cada usuario.

La norma prevé excepciones operativas limitadas para el uso de activos propios en los monederos de los clientes, sujetas a condiciones específicas y controles, pero mantiene como regla general la separación de los patrimonios.

El objetivo es reducir el riesgo de situaciones como la registrada en la quiebra de FTX, en 2022, cuando miles de millones de dólares pertenecientes a clientes fueron utilizados indebidamente por la exchange y por empresas vinculadas.

«Uno de los principales avances es la exigencia de separación entre los recursos y activos de los clientes y los que pertenecen a las propias empresas. Esta medida ayuda a reducir los riesgos relacionados con el uso indebido del dinero de los inversores y aporta más transparencia sobre cómo se administran esos recursos», explica Vanessa Butalla.

La valoración es similar a la expresada anteriormente por Isac Costa, director del Instituto Brasileiro de Tecnologia e Inovação (IBIT) y exmiembro de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), el regulador brasileño del mercado de valores. En una entrevista en mayo, Costa explicó que la segregación patrimonial busca impedir que los problemas financieros de una exchange comprometan los recursos de sus usuarios.

«La segregación patrimonial busca asegurar que el dinero de los clientes no se confunda con los activos de la empresa», afirmó.

Esta separación, sin embargo, no debe confundirse con una garantía automática de recuperación de los fondos en caso de que una empresa entre en quiebra. La protección efectiva también depende de la implementación de los controles, de la situación jurídica de los activos y de las circunstancias de una eventual insolvencia.

Las exchanges tendrán que acreditar sus reservas y someterse a auditorías

Otro cambio está relacionado con la transparencia sobre la cantidad de criptomonedas que realmente mantienen las empresas.

El Banco Central exige que las prestadoras tengan procedimientos documentados para realizar pruebas de reservas, un mecanismo utilizado para demostrar la existencia de los activos digitales bajo su responsabilidad.

La regulación también establece auditorías independientes, con periodicidad bienal, sobre los activos virtuales de la empresa y de sus clientes. Los informes de esas auditorías deben hacerse públicos.

La medida busca reducir la posibilidad de que una exchange comunique a los inversores saldos que no se correspondan con los activos efectivamente mantenidos en custodia.

Por ejemplo, si los clientes de una exchange tienen en conjunto 1.000 bitcoins registrados en sus cuentas, la empresa necesita contar con controles capaces de demostrar la existencia y la titularidad de los activos correspondientes, teniendo en cuenta las condiciones aplicables al servicio prestado.

La prueba de reservas, por sí sola, no basta para acreditar la salud financiera de una empresa, ya que también hay que tener en cuenta sus obligaciones. Por eso, las exigencias de auditoría, registros y controles internos son importantes como complemento de la supervisión.

La Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), la asociación brasileña del sector financiero, también publicó directrices de autorregulación para la custodia de activos virtuales, con orientaciones sobre pruebas de reservas, gestión de claves privadas y trazabilidad de las operaciones.

En septiembre de 2026, la entidad publicó un documento con 83 preguntas y respuestas para orientar a las empresas en la implementación de estas prácticas, incluidos procedimientos para identificar los activos de cada inversor incluso cuando varios usuarios comparten un monedero de custodia.

Más seguridad frente a hackeos, estafas y fallos operativos

La seguridad de las plataformas también gana peso dentro de las exigencias regulatorias.

Las empresas deberán adoptar estructuras acordes con el tamaño y los riesgos de sus operaciones, incluidas políticas de ciberseguridad, controles internos, sistemas de monitorización y procedimientos de respuesta ante incidentes.

Esto significa que no basta con ofrecer una aplicación para comprar y vender criptomonedas. Las prestadoras tendrán que demostrar capacidad para proteger la información, los sistemas y los activos bajo su responsabilidad.

En el caso de las empresas que ofrecen custodia, la protección también afecta a las claves privadas, los códigos criptográficos que permiten mover los activos digitales. Quien controla esas claves, por lo general, tiene capacidad técnica para transferir las criptomonedas correspondientes.

Las reglas de custodia incluyen procedimientos para controlar el acceso a estos mecanismos, registrar los movimientos y reducir los riesgos de pérdida, desvío o movimiento no autorizado.

El objetivo es reducir la vulnerabilidad de las plataformas ante ataques, fraudes internos y problemas operativos, aunque la regulación no elimina por completo esos riesgos.

Una novedad adicional, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2027, es la retención cautelar de determinadas transferencias durante un máximo de 24 horas.

La medida, prevista en la Resolución BCB n.º 584, alcanza a las operaciones dirigidas a prestadoras extranjeras o a monederos de autocustodia cuando los importes superan los 10.000 dólares, ya sea de forma individual o en el total movido por el cliente en un mismo día. También podría afectar a otras operaciones que requieran un análisis de riesgo adicional, según los criterios regulatorios.

Durante ese plazo, la entidad podrá verificar indicios de fraude antes de completar la transferencia. El Banco Central subraya que la retención no supone un bloqueo definitivo de los fondos y que la operación puede liberarse antes del plazo máximo una vez realizado el análisis.

Para el usuario, esto supone una protección adicional frente a determinados fraudes, pero también implica que algunas transferencias dejen de ser inmediatas.

Más transparencia sobre comisiones, precios y riesgos de las criptomonedas

La regulación también establece obligaciones relacionadas con la información que se pone a disposición de los inversores.

Las prestadoras deberán adoptar prácticas de transparencia en la relación con sus clientes, informando sobre las condiciones de los servicios, los riesgos implicados y las responsabilidades de cada parte.

Uno de los puntos relevantes es la prevención de conflictos de interés. Una exchange puede, por ejemplo, actuar como intermediaria de operaciones y, al mismo tiempo, realizar operaciones propias con criptomonedas. Esto genera situaciones en las que los intereses de la plataforma pueden diferir de los de sus clientes.

La Resolución BCB n.º 520 exige controles para gestionar estos conflictos y prevé prácticas orientadas a la mejor ejecución de las órdenes, al uso de referencias de precios independientes y al trato equitativo de los usuarios.

En la práctica, las exchanges tendrán que adoptar procedimientos para evitar que determinadas operaciones se ejecuten de forma que beneficien a la propia empresa o a clientes concretos en perjuicio de otros.

Para quien invierte, el cambio refuerza la importancia de observar las condiciones que ofrece la plataforma, incluidas las comisiones, las diferencias entre precios de compra y venta, las reglas de custodia y las eventuales restricciones a la movilización de los activos.

Las empresas también deberán poner a disposición información sobre sus políticas y actividades, facilitando la comprensión de los servicios contratados.

Las empresas tendrán que cumplir exigencias financieras y ser supervisadas por el Banco Central

La autorización para operar también pasa a depender de la capacidad financiera y operativa de las exchanges.

La Resolución BCB n.º 519 establece criterios como el origen lícito de los recursos utilizados en el capital de la empresa, la viabilidad económico-financiera del negocio, la adecuación de la infraestructura tecnológica y la reputación de los controladores y administradores.

Además, las prestadoras estarán sujetas a exigencias de capital y patrimonio acordes con sus actividades y riesgos.

El objetivo es reducir la posibilidad de que empresas sin una estructura financiera, tecnológica o administrativa adecuada ofrezcan servicios que implican mover y custodiar los recursos de miles de clientes.

Lee también: Así está la situación de cada exchange en el proceso de autorización del Banco Central

La supervisión del Banco Central añade otra capa de protección. Antes de la regulación, las exchanges no necesitaban obtener una autorización específica del BC para ofrecer servicios de activos virtuales. Ahora, las empresas sujetas a las nuevas reglas tendrán que pasar por un proceso formal de evaluación y, una vez autorizadas, quedarán sometidas a las exigencias de supervisión aplicables.

Esto permite al regulador seguir de cerca aspectos de la actividad de las entidades, exigir información y adoptar medidas dentro de sus competencias cuando detecte incumplimientos.

«Además, la supervisión del Banco Central establece una nueva capa de fiscalización sobre la actividad de estas entidades», destaca Vanessa.

La exigencia, sin embargo, también tiene un coste. Así, la nueva regulación puede aumentar la seguridad de los servicios, pero también provoca una reorganización del sector, con empresas que cierran, reducen productos o buscan nuevas estructuras para operar.

Los inversores tendrán más protección en la atención al cliente y en las reclamaciones

Otro avance es la inclusión de las prestadoras de servicios de activos virtuales en un conjunto más amplio de reglas sobre la relación con clientes y usuarios del sistema financiero.

Las entidades deberán cumplir exigencias relacionadas con la transparencia, la atención al cliente y el tratamiento de reclamaciones, conforme a la normativa aplicable a sus actividades.

El Banco Central también establece requisitos de gobernanza y de identificación de los responsables de las operaciones.

Para el inversor, esto significa contar con una empresa formalmente identificada y sujeta a obligaciones en Brasil, en lugar de depender exclusivamente de la atención de una plataforma extranjera sin estructura local.

Esta diferencia puede ser relevante en casos de retiradas no procesadas, discrepancias de saldo, fallos operativos o dificultades para obtener información sobre los fondos mantenidos en la exchange.

El hecho de que una empresa esté autorizada por el Banco Central, sin embargo, no significa que el organismo vaya a resolver directamente cualquier disputa individual ni a garantizar el resarcimiento automático de las pérdidas.

Aun así, la existencia de una estructura regulada tiende a facilitar la identificación de los responsables, la gestión de las reclamaciones y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la prestadora.

«Para el inversor, el principal beneficio es contar con un entorno más seguro, con reglas claras sobre las responsabilidades de las empresas que ofrecen servicios de compra, venta y custodia de criptoactivos, y con la garantía de poder ejercer sus derechos aquí en Brasil», afirma Vanessa.

La lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales puede exigir más información a los usuarios

Las nuevas reglas también amplían las obligaciones de las exchanges para identificar a sus clientes y hacer seguimiento de los movimientos considerados sospechosos.

En la práctica, los usuarios podrían tener que aportar información adicional para abrir cuentas, mover importes elevados o transferir criptomonedas a determinados monederos.

Estas exigencias forman parte de los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con el objetivo de dificultar el uso de las plataformas para mover fondos procedentes de delitos.

Entre los cambios, el Banco Central estableció obligaciones específicas relacionadas con operaciones con monederos de autocustodia, en los que el propio inversor controla las claves privadas.

Desde el 1 de octubre de 2026, las transferencias entre prestadoras reguladas y estos monederos, por importes iguales o superiores al equivalente a 10.000 dólares, están sujetas a una comunicación específica al Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), la unidad brasileña de inteligencia financiera.

La medida no prohíbe el uso de monederos propios, pero amplía el seguimiento de determinadas operaciones realizadas a través de entidades reguladas.

Para el usuario, el efecto puede traducirse en la solicitud de más datos sobre el origen y el destino de los fondos, además de la necesidad de aportar información que ayude a la entidad a evaluar los riesgos de una transacción.

El Banco Central sostiene que estos mecanismos buscan dificultar el fraude financiero y la circulación de fondos ilícitos, especialmente en movimientos que implican el envío rápido de criptomonedas al extranjero.

¿Qué no garantiza la nueva regulación a los inversores?

Pese a las nuevas protecciones, es importante distinguir la seguridad de las plataformas de la seguridad de la inversión.

La regulación no impide que el precio de Bitcoin caiga, que una criptomoneda pierda gran parte de su valor o que un proyecto determinado deje de existir.

Tampoco convierte a las criptomonedas en inversiones cubiertas por el Fundo Garantidor de Créditos (FGC), el mecanismo brasileño que protege ciertos depósitos e inversiones bancarias dentro de los límites y condiciones previstos en sus reglas, equivalente al fondo de garantía de depósitos existente en la Unión Europea.

Esto significa que mantener Bitcoin en una exchange autorizada no ofrece la misma protección que un depósito bancario cubierto por ese fondo de garantía.

Del mismo modo, la regulación no es una promesa de que una exchange nunca pueda quebrar o sufrir un ataque informático. Las exigencias buscan reducir esos riesgos y definir responsabilidades, pero no eliminarlos.

Otro punto importante es que solicitar la autorización al Banco Central no equivale a recibir la licencia definitiva.

Las empresas que ya estaban operando podrán continuar con sus actividades durante determinadas etapas del proceso regulatorio, siempre que cumplan las condiciones de transición establecidas por el BC.

Por eso, al evaluar una exchange, el inversor debe distinguir entre las que ya han recibido autorización y las que solo han presentado una solicitud y esperan la decisión del regulador.

La nueva regulación representa un cambio en la forma en que se supervisa a las empresas de criptomonedas en Brasil. Para el inversor, su principal efecto es establecer obligaciones más claras sobre el tratamiento de los fondos, la seguridad de las plataformas y la responsabilidad de las entidades.

La eficacia de estas protecciones, no obstante, dependerá tanto de la supervisión del Banco Central como de la capacidad de las empresas para implementar los controles exigidos.

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