La justicia federal argentina ha cerrado formalmente la causa penal contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei por su implicación en el escándalo del memecoin LIBRA, un caso que trascendió las fronteras del país por tratarse de uno de los episodios más destacados de un jefe de Estado en funciones promocionando una criptomoneda.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desestimó la causa en su totalidad, al concluir que no existía evidencia alguna de intención fraudulenta ni de engaño deliberado por parte del presidente.

El escándalo se remonta al año pasado, cuando Milei promocionó públicamente el token LIBRA en X, describiéndolo como un proyecto destinado a financiar startups. El respaldo de un presidente en ejercicio disparó el precio del token, que llegó a los 4,55 dólares, antes de que Milei borrara la publicación. El mercado del token se desplomó a continuación.

Datos recopilados por la firma de análisis Nansen mostraron que el 86% de los operadores que participaron en el token terminaron con pérdidas, con un total de pérdidas derivadas del colapso estimado en 251 millones de dólares. La magnitud de las pérdidas, sumada a la promoción directa del activo por parte del presidente, dio pie a las denuncias penales que originaron la investigación ahora cerrada.

El juez valora la influencia presidencial

En su resolución, Martínez de Giorgi reconoció que la posición institucional de Milei podría amplificar potencialmente el peso de sus publicaciones en redes sociales, un factor que distingue el respaldo de un jefe de Estado del de un influencer o un ciudadano particular cualquiera. Aun así, el tribunal no halló base legal para una condena, señalando que Milei dejó de promocionar el token de inmediato tras recibir información detallada sobre el proyecto.

Milei carga contra sus críticos

El presidente reaccionó a la decisión con un extenso comunicado publicado en X el 23 de octubre de 2026, en el que enmarcó el caso como una campaña política en su contra. "¿Y quién me compensa ahora por un año, ocho meses y nueve días llenos de mentiras, calumnias e insultos destinados a empañar mi buen nombre y honor?", escribió.

Fue más allá al describir el episodio como un esfuerzo coordinado contra su persona: "La justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto una tremenda operación político-mediática cuyo único objetivo era...". Milei también dirigió críticas a los periodistas que cubrieron el caso, calificándolos de "periodistas comprados y mercenarios de la mentira".

Cerró su comunicado con una frase característica: "La verdad siempre termina imponiéndose. Viva la libertad, carajo."

El cierre de la causa elimina una importante amenaza legal que pesaba sobre la presidencia de Milei desde principios del año pasado, aunque el episodio sigue siendo una referencia en el debate europeo e internacional sobre los riesgos de que funcionarios públicos respalden activos digitales especulativos.