Una enmienda al proyecto de presupuesto francés de 2027 convertiría las conversiones a stablecoins regulados en un hecho imponible, un cambio que afectaría precisamente a los tokens que MiCA fue diseñado para incorporar al marco regulatorio, mientras deja a USDT de Tether fuera de su alcance.

La enmienda, presentada por el diputado Nicolas Sansu, del grupo GDR, apunta a los stablecoins aprobados bajo MiCA como tokens de dinero electrónico, incluidos el USDC de Circle y el EURCV de Société Générale Forge. Según las normas francesas vigentes, el impuesto se aplica solo cuando la criptomoneda se convierte de nuevo en euros o se usa para pagar bienes y servicios; los canjes entre criptoactivos se benefician de un mecanismo de diferimiento fiscal conocido como sursis d'imposition. La enmienda de Sansu retiraría a los stablecoins aprobados bajo MiCA su estatus de criptoactivo a efectos fiscales, tratando una conversión hacia ellos como equivalente a retirar fondos a euros.

Como USDT no ha solicitado esa misma autorización bajo MiCA, conservaría su estatus de criptoactivo y la ventaja de diferimiento fiscal que lo acompaña. La medida crearía así una situación en la que el principal stablecoin menos regulado mantiene un beneficio fiscal negado a sus competidores que sí cumplen con MiCA.

Una carga administrativa que se suma al golpe fiscal

Francia calcula las plusvalías sobre criptoactivos a partir del valor total de la cartera del titular en el momento exacto de cada hecho imponible. Tratar cada conversión de stablecoin como tal obligaría a los inversores a reconstruir un inventario de todas sus posiciones, en todas las plataformas, en el instante preciso de cada canje. El tipo fijo actual, el prélèvement forfaitaire unique, se sitúa en el 31,4% y hoy solo se aplica al convertir de nuevo a euros.

François Volpoet, director de Chainalysis Francia, advirtió de que la medida corre el riesgo de alejar la actividad de las plataformas que reportan a las autoridades francesas. Chainalysis prevé que los usuarios migren hacia plataformas fuera de la UE o hacia protocolos de finanzas descentralizadas, lo que en ambos casos reduciría la visibilidad que hoy tienen las autoridades fiscales sobre las transacciones con criptoactivos. Esa visibilidad se ha ido construyendo bajo la directiva europea DAC8, que exige a los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados informar anualmente de las operaciones de sus clientes, y bajo el régimen de licencias basado en MiCA que sustituyó al antiguo marco francés PSAN cuando su periodo transitorio concluyó a finales de junio.

Las plataformas francesas más pequeñas ya han asumido costes de cumplimiento normativo de cientos de miles de euros para adaptarse a los requisitos de MiCA. Una carga fiscal adicional sobre las conversiones de stablecoins regulados se sumaría a esa inversión, al tiempo que exime a la alternativa no regulada.

Todavía lejos de convertirse en ley

La Commission des Finances de la Assemblée nationale aprobó la enmienda sobre stablecoins antes de rechazar la totalidad de la sección de ingresos del proyecto de presupuesto de 2027. La enmienda debe ahora volver a presentarse, defenderse de nuevo y someterse a votación en sesión pública antes de la votación solemne prevista para el 20 de octubre.

El episodio llega tras el fracaso de otra medida en el ciclo presupuestario de 2026, un proyecto de impuesto sobre el patrimonio que habría clasificado los criptoactivos como bienes improductivos, y que se descartó tras el rechazo de ese presupuesto. El enfoque francés también se aparta del de sus vecinos: Alemania exime por completo las plusvalías de criptoactivos mantenidos más de un año, mientras que Italia ha tomado el camino contrario, elevando su tipo al 33% y eliminando su umbral de exención de 2.000 euros.