La comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional francesa dedicó tres días, del 7 al 9 de octubre, a examinar diez enmiendas relacionadas con los criptoactivos dentro del presupuesto de 2027, aprobando cinco y rechazando el resto, antes de acabar votando en contra de toda la sección de ingresos del proyecto de ley.
La votación sobre la propia sección de ingresos fue desigual: 31 votos en contra, tres a favor y dos abstenciones. Solo Ensemble pour la République, el partido afín al Gobierno, votó por mantener la sección intacta. El relator general, Philippe Juvin, estimó que las enmiendas aprobadas durante la semana empeorarían el déficit en unos 10.000 millones de euros, llevando la versión de la comisión por encima del 5,3% del PIB frente al objetivo del 5% fijado por el Gobierno.
Lo que se aprobó
Entre las medidas cripto que salieron adelante, la enmienda I-CF1826 de Nicolas Sansu, aprobada el 7 de octubre, gravaría las conversiones de criptoactivos a stablecoins a partir del 1 de enero de 2027. Según el cálculo propuesto, alguien que compró bitcoin a 30.000 euros y lo canjeó por 70.000 euros en stablecoins obtendría una ganancia de 40.000 euros, gravada al tipo estándar del 31,4%, lo que supondría una factura de 12.560 euros.
Una segunda enmienda de Sansu, la I-CF1822, aprobada el 8 de octubre, introduce un exit tax sobre los criptoactivos para los hogares con más de 800.000 euros, aplicable a quienes hayan residido en Francia seis de los diez años anteriores antes de abandonar el país.
La enmienda I-CF821 de Charles de Courson, aprobada el 9 de octubre, exigiría declarar los monederos autocustodiados con 100.000 euros o más a 31 de diciembre, con sanciones de hasta 10.000 euros. De Courson citó una brecha entre los 3.500 millones de euros en plusvalías realizadas en 2021 y solo 400 millones de euros declarados. Una versión anterior de esta obligación, con un umbral más bajo de 5.000 euros, había sido retirada durante la comisión mixta paritaria de abril.
La enmienda I-CF1756 de Christine Arrighi, también aprobada el 9 de octubre, eleva la multa para las plataformas cripto que se nieguen a compartir datos con las autoridades fiscales de 10.000 a 50.000 euros por solicitud, apoyándose en las obligaciones de la directiva DAC8, que obliga a las plataformas a recabar datos sobre operaciones cripto desde el 1 de enero de 2026. Una quinta enmienda, la I-CF798 de Daniel Labaronne, aprobada el 7 de octubre, permite trasladar las pérdidas cripto durante diez años; su exposición de motivos indica que fue elaborada con la Association pour le Développement des Actifs Numériques.
Lo que se rechazó
La enmienda I-CF43 de Eva Sas, que habría incluido los criptoactivos en el impuesto sobre el patrimonio, fue rechazada el 7 de octubre. Alrededor de quince enmiendas dirigidas al tipo fijo sobre las plusvalías también fracasaron, con trece rechazadas y dos sin respaldo suficiente. La enmienda I-CF1564 de Paul Midy, que habría eximido de impuestos los pagos en cripto de hasta 1.000 euros al año, fue rechazada el 9 de octubre, al igual que su I-CF1553, casi idéntica a la medida de traslado de pérdidas que sí se aprobó, rechazada dos días después de que esta última saliera adelante. Otra enmienda de Midy, la I-CF1520, fue declarada inadmisible en virtud del artículo 40 de la Constitución antes del debate, y Mickaël Bouloux retiró su enmienda sobre tokens de gobernanza para desarrolladores el 8 de octubre. El régimen actual mantiene intacto el umbral de exención anual de 305 euros sobre las cesiones.
Qué sigue ahora
El rechazo de la sección de ingresos por parte de la comisión no pone fin al proceso. El debate pasa al pleno del 13 al 19 de octubre, con una votación solemne prevista para el 20 de octubre. El año pasado, la sección de ingresos fue rechazada por el pleno de la Asamblea por 404 votos a uno, en la noche del 21 al 22 de noviembre de 2025, y el presupuesto de 2026 se cerró finalmente mediante el artículo 49.3 el 2 de febrero de 2026, sin el impuesto sobre el patrimonio improductivo que se había votado tres meses antes. La France insoumise ya ha anunciado que presentaría una moción de censura ante cualquier nuevo uso del 49.3 este año.
La votación sobre el presupuesto completo está fijada para el 17 de noviembre, seguida del examen en el Senado y una comisión mixta paritaria de siete diputados y siete senadores en diciembre. El plazo constitucional del proceso es de 70 días, que terminan el 10 de diciembre, tras lo cual el Gobierno podrá aplicar el presupuesto por ordenanza. Varias de las enmiendas rechazadas en comisión, incluida la exención de pagos y el régimen de tokens de gobernanza, reaparecen en una proposición de ley independiente presentada por Paul Midy el 23 de julio y firmada por 91 diputados.
