El Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado emitieron directivas el viernes 9 de octubre de 2026 que ordenan la construcción de una red blockchain nacional, soberana y cerrada, diseñada explícitamente para evitar plataformas descentralizadas públicas como Bitcoin y Ethereum.

La orden forma parte de un plan integral de 19 puntos para la modernización industrial. Según un comunicado oficial publicado por la agencia de noticias Xinhua, el objetivo es inequívoco: "Debemos acelerar la construcción de una red nacional integrada de capacidad de cómputo y una red blockchain nacional para promover la integración profunda de la economía real y la economía digital".

La nueva infraestructura está pensada para auditar datos, optimizar cadenas de suministro industriales y coordinar la capacidad de cómputo a escala nacional. A diferencia del yuan digital, que sigue siendo estrictamente monetario y orientado al sistema bancario y a las liquidaciones financieras comerciales, el nuevo registro se concibe como un sistema para catalogar datos empresariales como un factor estratégico de producción, situado junto al capital, la tierra y el trabajo.

Entre las aplicaciones prácticas que recogen las directivas figuran los contratos inteligentes industriales para automatizar la entrega de subsidios estatales, la verificación de métricas de carbono y la gestión de la logística de fabricación entre empresas y reguladores. La red también está llamada a funcionar como columna contable del proyecto "Datos del Este, Cómputo del Oeste", que coordina los flujos de datos hacia centros de procesamiento construidos en el interior de China.

Una ruptura deliberada con las redes públicas

Las directivas reiteran la prohibición existente en China sobre el comercio de criptomonedas y la minería digital en su territorio, y prohíben explícitamente las inversiones precipitadas o la especulación que pudieran poner en riesgo la estabilidad de los mercados reales. La decisión de construir un registro cerrado y controlado por el Estado, en lugar de integrarse con infraestructuras blockchain públicas, marca una divergencia clara respecto al enfoque adoptado en otras jurisdicciones.

Singapur, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos han avanzado hacia una mayor integración con redes públicas y la tokenización de activos. Estados Unidos y la Unión Europea, en cambio, han priorizado construir marcos regulatorios en torno a los mercados tradicionales y a las redes públicas de contratos inteligentes, en lugar de desarrollar alternativas soberanas.

Para los responsables de política europeos, el enfoque chino ofrece un modelo contrastante en un momento en que el bloque sigue calibrando sus propias normas sobre criptoactivos y tecnología de registro distribuido bajo marcos como MiCA. Mientras Bruselas y Washington han trabajado en gran medida para integrar la infraestructura blockchain pública dentro de la supervisión financiera existente, las directivas de Pekín apuntan hacia un sistema paralelo, gestionado por el Estado, mantenido deliberadamente separado tanto del yuan digital como de Bitcoin y Ethereum, con los datos tratados como un recurso que debe gobernar directamente el Estado en lugar de intercambiarse en redes abiertas.