Las exchanges de criptomonedas que ya operan en Brasil y no presenten sus solicitudes de autorización al Banco Central do Brasil, el banco central brasileño, antes de este viernes (30) tendrán que dejar de prestar los servicios regulados en el país. Las empresas dispondrán de un plazo adicional de 30 días para interrumpir sus actividades, mientras los clientes deberán recibir orientaciones sobre el destino de sus fondos y activos digitales.
La medida forma parte de la nueva regulación del mercado de criptomonedas en Brasil, que entró en vigor el 2 de febrero de 2026 y pasó a exigir autorización específica para las empresas que ofrecen servicios de compra, venta, intermediación y custodia de activos virtuales.
Las normas fueron establecidas principalmente por las Resoluciones BCB nº 519 y 520, publicadas en noviembre de 2025, que crearon un período de transición de 270 días para que las empresas que ya estaban en funcionamiento se adaptaran a las nuevas exigencias.
El plazo termina el 30 de octubre y, hasta el momento, grandes exchanges como Mercado Bitcoin, Binance, Bybit, OKX y Ripio ya han anunciado sus solicitudes. Otras plataformas, en cambio, han decidido cesar sus actividades ante los costes y los cambios necesarios para seguir operando.
Para Vanessa Butalla, directora Jurídica, de Compliance y Riesgos de Mercado Bitcoin, las empresas que no presenten la solicitud dentro del plazo no podrán simplemente seguir ofreciendo los mismos servicios a los clientes brasileños.
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"Las empresas que ya operaban en el país y están sujetas a las nuevas normas necesitan presentar sus solicitudes de autorización al Banco Central do Brasil dentro del período establecido para poder seguir operando durante el análisis regulatorio", explica.
Pero, ¿qué ocurre con quienes pierdan el plazo? Y, sobre todo, ¿qué pasa con el dinero y las criptomonedas de los clientes de esas plataformas?
Las exchanges sin solicitud tendrán 30 días para cesar sus operaciones
La Resolución BCB nº 520 establece expresamente, en su artículo 88, que los proveedores de servicios de activos virtuales que no presenten la solicitud de autorización dentro del plazo tendrán hasta 30 días después de su vencimiento para dejar de prestar los servicios regulados.
En la práctica, esto significa que las empresas tendrán hasta el 29 de noviembre de 2026 para interrumpir sus operaciones, contando los 30 días naturales posteriores al 30 de octubre.
El plazo adicional no supone una prórroga de la fecha para solicitar la licencia. Se trata de un período para cesar las actividades, no de una autorización para seguir operando con normalidad de forma indefinida.
La consecuencia afecta sobre todo a las empresas que ofrecen servicios de negociación, intermediación y custodia de criptomonedas, actividades que ahora dependen de la autorización del Banco Central do Brasil.
Una exchange que no presente la solicitud, por ejemplo, no podrá seguir indefinidamente permitiendo la apertura de cuentas, recibiendo nuevos depósitos e intermediando compras y ventas de Bitcoin como si nada hubiera cambiado.
"Las que no presenten la solicitud dentro del plazo deberán interrumpir la prestación de los servicios regulados, respetando el período de cierre previsto en las normas y adoptando las medidas necesarias respecto a los fondos y activos de sus clientes", afirma Butalla.
Esto no significa necesariamente que toda la empresa deba cerrar. Una compañía que ofrece criptomonedas y otros servicios financieros podrá cesar únicamente las actividades sujetas a autorización específica, siempre que tenga condiciones legales para seguir ofreciendo los demás productos.
Del mismo modo, una empresa podrá reorganizar su operativa, transferir clientes a otra plataforma o desarrollar un nuevo modelo de negocio, siempre que respete las exigencias aplicables.
Lo que no podrá hacer es mantener la prestación de servicios regulados sin la autorización o el encaje exigidos por el banco central.
¿Qué pasa con el Bitcoin y el dinero de los clientes?
Para quienes mantienen fondos en una exchange que va a cesar sus actividades, la principal preocupación es saber cómo recuperar el dinero y las criptomonedas depositadas en la plataforma.
La regulación establece responsabilidades para los proveedores en la custodia, movimiento y devolución de los activos de los clientes, además de exigir información clara sobre los procedimientos de retirada de fondos. Las empresas que decidan abandonar el mercado deberán organizar el fin de sus servicios e informar a los usuarios sobre cómo podrán recuperar o transferir sus saldos.
"Para quien invierte en criptoactivos, es importante seguir la situación regulatoria de la plataforma utilizada y estar atento a los comunicados oficiales de la empresa. En caso de que un exchange deje de operar, los clientes deberán recibir orientaciones sobre los procedimientos aplicables a sus fondos y activos, incluidas eventuales transferencias a otras plataformas", aconseja Butalla.
En la práctica, las alternativas dependerán de los servicios ofrecidos por la exchange y de las condiciones establecidas para el cierre.
Una posibilidad es permitir que los inversores transfieran sus criptomonedas a otra plataforma o a un monedero de autocustodia, en el que el propio usuario controla los activos. Otra es establecer un período para la venta de las criptomonedas y el posterior retiro del saldo en reales.
Es importante destacar que la regulación no establece una conversión automática y universal de las criptomonedas a reales para todas las empresas que decidan cesar sus operaciones. Los procedimientos deben analizarse según la situación de cada plataforma y las normas aplicables.
En determinados casos, la exchange puede prever la venta automática de los activos que permanezcan en las cuentas después del plazo de retirada. Esta posibilidad, cuando se adopte, debe verificarse en los comunicados y en las condiciones informadas a los clientes.
Esto puede tener consecuencias importantes para el inversor. Quien pretende mantener Bitcoin durante varios años, por ejemplo, puede acabar viendo liquidada su posición en un momento desfavorable del mercado si no toma las medidas necesarias.
Por ello, los usuarios deben comprobar los plazos de negociación, transferencia y retirada, que no necesariamente coincidirán.
También es recomendable conservar extractos, comprobantes de depósitos e historiales de operaciones, documentos que pueden ser necesarios para acreditar operaciones y declaraciones fiscales.
¿Y si la exchange pide licencia pero el banco central la deniega?
La situación es distinta para las empresas que presenten sus solicitudes dentro del plazo. En ese caso, la Resolución BCB nº 520 permite que los proveedores sigan operando mientras el proceso de autorización esté en análisis, siempre que respeten las condiciones del régimen de transición.
Esto no significa que la solicitud vaya a aprobarse automáticamente. El trámite pasa por etapas de evaluación en las que el Banco Central do Brasil analiza aspectos como el capital, la estructura societaria, el gobierno corporativo, la seguridad y la capacidad operativa.
Además, las empresas no pueden utilizar el período de transición para asumir una modalidad adicional de prestación de servicios de activos virtuales.
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El proceso tiene dos fases. En la primera, el banco central examina la propuesta y la documentación inicial de la entidad. En la segunda, evalúa la implementación de las estructuras y los controles exigidos para la actividad.
Las empresas también deben cumplir obligaciones regulatorias durante ese proceso. El período de adaptación a las exigencias termina cuando el Banco Central do Brasil se pronuncia sobre la primera fase, aunque la autorización definitiva siga pendiente.
¿Y si el regulador decide denegar la licencia? La Resolución BCB nº 519 establece, en su artículo 18, un procedimiento específico para esa situación.
Cuando la solicitud de autorización sea denegada o archivada, y ya no exista posibilidad de recurso, el proveedor tendrá 30 días a partir de la recepción de la notificación del banco central para interrumpir los servicios regulados y cumplir las medidas de cierre.
En ese caso, la norma determina expresamente que la empresa comunique el cierre a los clientes, informando de los procedimientos y plazos para la devolución de los activos y la liquidación de las operaciones.
Las criptomonedas deberán devolverse mediante transferencia a entidades habilitadas para prestar servicios de activos virtuales en Brasil, indicadas por los propios clientes y a nombre de ellos.
Los fondos, por su parte, deberán enviarse a cuentas de pago o de depósito titularidad de los usuarios, mantenidas en entidades autorizadas por el Banco Central do Brasil.
Por lo tanto, hay dos escenarios diferentes: quien no presente la solicitud antes del 30 de octubre deberá cesar los servicios en un plazo de 30 días tras esa fecha; quien solicite la licencia y reciba una decisión definitiva desfavorable tendrá otro plazo de 30 días, contado desde la notificación del regulador, siguiendo las obligaciones específicas de devolución previstas en la Resolución 519.
Los bancos también tendrán restricciones para operar con exchanges no autorizadas
Otro aspecto importante de la regulación entra en vigor pocos días después del plazo del 30 de octubre.
A partir del 6 de noviembre de 2026, los bancos, las entidades de pago y otras empresas autorizadas por el Banco Central do Brasil estarán sujetos a una prohibición de realizar o facilitar operaciones en el mercado de activos virtuales con proveedores que no estén autorizados a funcionar en Brasil, salvo en las situaciones expresamente permitidas por la regulación.
La medida está prevista en el artículo 91 de la Resolución BCB nº 520, cuya redacción fue modificada por la Resolución BCB nº 589, publicada en septiembre.
La restricción abarca servicios que faciliten operaciones con criptomonedas, incluidas negociaciones, intermediación, custodia, servicios de cambio y determinadas operaciones de pago.
En la práctica, la norma podría dificultar la continuidad de las empresas que no cumplan las exigencias del banco central, especialmente cuando dependen de socios bancarios para mover fondos en reales.
Esto se debe a que muchas exchanges utilizan entidades financieras o de pago para habilitar depósitos, retiradas y transferencias instantáneas a sus clientes.
La restricción del 6 de noviembre, sin embargo, no debe confundirse con el plazo de 30 días concedido a los proveedores que no soliciten autorización.
Las dos normas regulan situaciones diferentes: una establece el plazo para que las exchanges interrumpan sus actividades, mientras que la otra regula las operaciones que las entidades reguladas pueden realizar con empresas del sector.
También hay que tener en cuenta las excepciones y condiciones del régimen de transición, especialmente en el caso de las entidades que ya presentaron sus solicitudes y aún esperan la decisión del banco central.
¿Qué exchanges ya han anunciado que dejarán Brasil?
La proximidad del plazo del 30 de octubre ya ha provocado una reorganización del mercado brasileño de criptomonedas.
Entre las empresas que han anunciado el cese de servicios está Coinext, que decidió dejar de actuar como exchange de criptoactivos tras concluir que no podría cumplir las exigencias de capital mínimo establecidas por el banco central. La plataforma cerró las negociaciones en octubre e inició el proceso de retirada y liquidación de los activos de sus clientes.
Digitra también anunció que no presentaría solicitud de autorización y optó por cesar sus actividades de negociación y custodia para inversores minoristas en Brasil.
Otra empresa que decidió abandonar el mercado fue NovaDAX, que había iniciado la discontinuación de sus operaciones ya en julio. Lemon también anunció su salida del país, vinculando la decisión a las nuevas exigencias regulatorias.
Bitso, por su parte, cesó la oferta directa de servicios a clientes minoristas en Brasil y firmó una alianza con Mercado Bitcoin para facilitar la migración de usuarios.
Revolut, a su vez, anunció la suspensión temporal de su oferta de criptomonedas a los clientes brasileños. La fintech mantendrá sus demás actividades financieras en el país mientras evalúa las condiciones para una eventual reanudación de los servicios con activos digitales.
Los movimientos, sin embargo, no son idénticos. Algunas empresas han decidido cesar toda la operación local con criptomonedas, mientras que otras están retirando solo determinados productos o modificando la estructura utilizada para atender el mercado brasileño.
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Al mismo tiempo, exchanges como Binance, Mercado Bitcoin, Ripio, Bybit y OKX han anunciado que presentaron sus solicitudes de autorización y pretenden seguir operando.
¿Cómo saber si mi exchange ha pedido autorización al banco central?
Para los inversores, seguir la situación regulatoria de la plataforma será cada vez más importante. La Resolución BCB nº 520 establece que los proveedores deben divulgar, en sus páginas web y aplicaciones, información sobre su autorización o sobre la existencia de una solicitud en análisis ante el Banco Central do Brasil.
Por eso, el primer paso es consultar los comunicados oficiales de la exchange y comprobar si la empresa ha informado del número de registro de la solicitud.
Otra posibilidad es seguir los datos facilitados por el banco central sobre los procesos de autorización y, posteriormente, la información sobre las entidades autorizadas a funcionar.
Es importante señalar, sin embargo, que la existencia de una solicitud en análisis no equivale a la concesión de una licencia definitiva. Además, la ausencia de una empresa en una consulta pública determinada no demuestra por sí sola que haya dejado de presentar la documentación, ya que la información puede no actualizarse en tiempo real.
También es necesario identificar qué empresa presta efectivamente el servicio. Los grandes grupos internacionales pueden utilizar filiales brasileñas con nombres distintos de la marca comercial presentada a los clientes.
Los bancos y otras entidades financieras previamente autorizadas por el banco central, por su parte, pueden estar sujetos a procedimientos específicos de comunicación de sus actividades con criptomonedas, distintos de las solicitudes de licencia exigidas a los nuevos proveedores especializados.
Itaú, por ejemplo, comunicó formalmente su actividad de negociación y custodia de activos virtuales al Banco Central do Brasil, sin necesidad de solicitar una nueva autorización de funcionamiento como exchange independiente.
Para Vanessa Butalla, la recomendación para los inversores es seguir tanto la situación de la empresa como las orientaciones relacionadas con el movimiento de los fondos.
Así, con la llegada del 30 de octubre, la principal precaución de quien utiliza exchanges es comprobar si la plataforma pretende seguir operando en Brasil y, en caso contrario, cuáles son los procedimientos y plazos para retirar su dinero y sus criptomonedas.
El cierre de una exchange no significa que al inversor se le prohíba mantener Bitcoin u otros activos digitales. Lo que cambia es la empresa responsable de ofrecer los servicios de negociación o custodia.
El plazo regulatorio marca, por tanto, una nueva etapa para el sector brasileño: las plataformas que opten por permanecer tendrán que afrontar el proceso de autorización y supervisión del banco central, mientras que las que no se adapten deberán interrumpir los servicios sujetos a las nuevas normas.
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