El diputado federal Capitão Alden (PL-BA) presentó un proyecto de ley para permitir el porte de armas de fuego a personas que poseen criptomonedas en autocustodia y pueden ser objeto de coacción física para transferir sus activos. La propuesta apunta a los llamados “wrench attacks” (o “ataques de llave inglesa”), delitos en los que las víctimas son secuestradas, amenazadas o agredidas para entregar contraseñas, claves privadas o acceso a monederos de criptomonedas.

El PL 5.297/2026, presentado el viernes (4), modifica el Estatuto do Desarmamento —la ley brasileña que regula la posesión y el porte de armas— para incluir a los “poseedores de activos virtuales en riesgo de coacción física” entre las categorías con derecho al porte de armas de fuego. Según el texto, ese permiso tendría validez nacional, en los términos de una futura reglamentación.

La propuesta no abarca a cualquier inversor de criptomonedas. Para tener derecho al porte, la persona debería cumplir requisitos acumulativos: mantener control directo y exclusivo sobre activos virtuales en autocustodia, sin que una empresa pueda bloquear o vetar el movimiento, y tener una exposición pública relevante vinculada al mercado cripto. Esto incluye manifestaciones públicas en defensa de los activos virtuales o actuar como fundador, socio, administrador, directivo o figura públicamente asociada a empresas del sector.

El proyecto también prevé que el inversor sea potencialmente identificable como objetivo de coacción física para la transferencia de activos digitales. Al mismo tiempo, prohíbe que la concesión del porte dependa de la indicación de importes, direcciones de monederos, claves criptográficas o cualquier información que permita localizar o cuantificar los criptoactivos del solicitante.

El texto establece además que los datos personales y la información aportada para la solicitud sean confidenciales, con protección reforzada por la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), la ley brasileña de protección de datos equivalente al RGPD europeo. La justificación es evitar que el propio proceso de solicitud del permiso aumente el riesgo de exposición del titular de los activos.

La propuesta fue registrada en la Cámara de Diputados de Brasil y aún debe pasar por la tramitación legislativa antes de una eventual votación.

Los ataques físicos, argumento para modificar la ley brasileña de armas

En la justificación, Capitão Alden afirma que la autocustodia, realizada mediante monederos físicos o virtuales, da al usuario control sobre sus claves privadas, pero también puede convertirlo en objetivo directo de delincuentes. El proyecto cita los “ataques de llave inglesa”, expresión usada en el mercado para delitos en los que la seguridad digital deja de ser el punto débil y la violencia física pasa a usarse para obtener acceso a los activos.

El diputado sostiene que la tendencia es mundial y menciona a Francia como uno de los países con mayor número de casos recientes. El texto también cita un secuestro registrado en Brasil en 2021, que involucró a un empresario vinculado al comercio de criptoactivos, y afirma que se registraron otros cinco ataques similares en el país en 2025.

El tema ha cobrado fuerza en el mercado cripto en los últimos años. Un informe de CertiK señaló que los ataques físicos contra propietarios de criptomonedas provocaron el robo de 124 millones de dólares en el primer semestre de 2026. Se registraron 52 ataques de tipo wrench en el período, un aumento de un tercio respecto a los 39 casos registrados un año antes.

La propia CertiK ya había registrado 72 ataques físicos durante 2025, un avance del 75% respecto a 2024. Uno de los casos más violentos ocurrió en Francia, con el secuestro del cofundador de Ledger, David Balland, y su esposa. Según relatos citados por Portal do Bitcoin, los delincuentes llegaron a cortarle un dedo a Balland para intentar forzar el pago del rescate.

La justificación del proyecto sostiene que estos delitos son planificados y que permitir el porte de armas a las posibles víctimas elevaría el riesgo para los delincuentes, funcionando como elemento disuasorio. Por ello, la propuesta incluye a este grupo en la lista de personas autorizadas al porte prevista en la Lei nº 10.826, el Estatuto do Desarmamento.

La propuesta, sin embargo, debería abrir debate. Por un lado, sus defensores pueden argumentar que los inversores expuestos y los profesionales de cripto en autocustodia enfrentan riesgos específicos, ya que las transferencias en blockchain pueden ser irreversibles y accesibles directamente por quien obtiene las claves privadas. Por otro, los críticos tienden a cuestionar si la ampliación del porte es la respuesta adecuada para delitos de secuestro, extorsión y blanqueo de capitales, o si el camino debería pasar por la investigación, la inteligencia policial, la protección de datos y los protocolos de seguridad.

De avanzar, el proyecto crearía una categoría inédita en el Estatuto do Desarmamento: personas autorizadas a portar armas no por una profesión tradicional de seguridad o riesgo institucional, sino por exposición patrimonial y pública vinculada a activos digitales. El debate coloca en el centro de la discusión un problema cada vez más común en el mercado cripto: cuando la protección de las claves deja de ser solo una cuestión tecnológica y pasa a depender también de la seguridad física del inversor.

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