Los legisladores franceses avanzan en una enmienda presupuestaria que obligaría a los residentes a declarar los monederos de criptomonedas en autocustodia con un valor superior a 100.000 euros, una medida presentada en un contexto de aumento de los ataques físicos contra poseedores de bitcoin y tras una reciente brecha en la base de datos tributaria nacional.

La enmienda, numerada I-CF821 y adjunta al proyecto de presupuesto de 2027, fue propuesta por el diputado Charles de Courson. Obligaría a los titulares de monederos de autocustodia que superen el umbral de 100.000 euros a 31 de diciembre a declararlos ante la administración tributaria, con una multa de hasta 10.000 euros en caso de incumplimiento.

La justificación del promotor se basa en parte en la diferencia entre las ganancias en criptomonedas obtenidas en Francia y lo que realmente se ha declarado a la administración tributaria. En 2021, las plusvalías generadas en el mercado cripto francés alcanzaron los 3.500 millones de euros, pero solo se declararon 400 millones de euros a las autoridades fiscales ese año, según las cifras citadas en apoyo de la enmienda.

Un paquete fiscal más amplio

La obligación de declarar los monederos se suma a otras medidas ya aprobadas por la comisión de finanzas. La tributación de los intercambios de stablecoins comenzará en 2027, y el régimen de exit tax existente se ha ampliado para cubrir tenencias de criptoactivos superiores a 800.000 euros. Estas medidas internas llegan mientras la Unión Europea prepara la aplicación de DAC8, una directiva que obligará a las plataformas cripto a reportar la identidad de sus clientes y los datos de las transacciones a las autoridades fiscales a partir del próximo año.

Una brecha en la base de datos tributaria y una ola de ataques

El impulso hacia una declaración más estricta llega semanas después de una brecha de seguridad en la Direction Générale des Finances Publiques, la administración tributaria francesa, que expuso datos de 678.000 contribuyentes. La base de datos fue extraída de forma ilegal a mediados de 2026 e incluía registros de más de 26.000 personas con ingresos declarados superiores a 100.000 euros.

La brecha ha generado preocupación porque coincide con un notable aumento de los incidentes violentos contra poseedores de criptomonedas en Francia. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reveló que se registraron 77 incidentes físicos vinculados a criptoactivos solo en el primer semestre de 2026, frente a los 45 casos de todo 2025. El GIGN, la unidad de élite de la policía francesa, ha respondido entrenando tácticas de intervención rápida, incluido el uso de drones, para contrarrestar intentos de secuestro dirigidos contra poseedores de bitcoin.

La combinación del registro de monederos propuesto y el contexto de ataques ha llamado la atención de medios cripto franceses, entre ellos Journal du Coin, que ha seguido el avance de la enmienda en la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional. La medida aún no ha sido votada ni convertida en ley y sigue sujeta a debate mientras continúa el proceso presupuestario de 2027.